¿Por qué una Alianza?

Las violencias contra las mujeres han sido de reciente intervención por parte del Estado. En las últimas décadas se han generado diversas políticas públicas que van desde la creación de instituciones que desarrollan estrategias de promoción y atención, como el surgimiento de tipos penales (no propiamente denominados como violencia contra las mujeres) a través de los cuáles se investigan, judicializan y sancionan estas violencias. El cambio de paradigma en la intervención del Estado: de lo público a lo privado. Cambia las maneras de concebir los fenómenos sociales y pone en discusión la necesidad de que éste tome medidas efectivas para eliminar este tipo de violencias. Se podría resumir en palabras de Kate Millett (1934-2017) “Lo personal es político” para evidenciar las diferentes formas de opresión en y a través de las relaciones íntimas.

La intervención estatal de las violencias contra las mujeres, reconocidas como una causa de discriminación basada en género, ha sido relativamente nueva en Colombia. Comienza a configurarse tímidamente a partir de la Ley 294 de 1996 que reguló el trámite de violencia intrafamiliar con enfoque familístico, a pesar de que su origen deviene de la obligación adquirida por el Estado debido a la ratificación de la Convención Belem do Pará. Posteriormente, aparece la Ley 1257 de 2008, que habla expresamente de las violencias contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado. En la regulación y aplicación de una y otra, aún subsisten vacíos jurídicos que llevan a la desprotección de las denominadas violencias huérfanas y generan altos índices de impunidad.

Las estadísticas al respecto muestran una alarmante situación. En el año 2015 se registraron 47.248 casos de violencia de pareja en Colombia, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015). Las mujeres son la población más afectada por este tipo de violencia (86,66%), en el 47,27% de los casos el presunto agresor es su compañero permanente y en un 29,33% su excompañero. Un total de 33.125 casos de violencia contra la pareja se dieron en el hogar, lo cual corresponde al 70,22%, seguido de 11.205 casos en vía pública. Para el año 2016, se reportaron 50.707 casos de violencia de pareja, el 86% fue contra las mujeres. Hubo un aumento en este tipo de violencias del 7% respecto al año anterior (INML, 2016). Según la Segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres, (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer-CPEM-, 2015), Medellín es una de las ciudades colombianas donde las mujeres víctimas solicitantes de ayuda obtienen menos respuesta: 57% de ellas recibieron algún tipo de apoyo en contraste con una media nacional del 71%.

La dimensión que ha tomado esta problemática es relevante tanto en el país como en la ciudad de Medellín. La desarticulación institucional en la atención de estas violencias, los estereotipos basados en género que subsisten en los operadores jurídicos, el incremento de estas violencias por la impunidad en la judicialización, la sanción y la ineficacia de los objetivos de la política criminal al respecto, generan procesos poco efectivos desde la institucionalidad, imaginarios que refuerzan la trivialización de este tipo de violencias por parte del Estado y la naturalización de la misma en la sociedad. Todo ello hace necesario la búsqueda de la declaración política de una crisis humanitaria de emergencia por la inadecuada intervención de las violencias contra las mujeres, como antecedente que impulse una decisión judicial en la que se promueva el debate para el reconocimiento de un “estado de cosas inconstitucional” y a partir de este, se tomen las medidas necesarias para intervenir este tipo de violencias y se pueda reducir el número víctimas. Estas declaraciones son posibles a través del desarrollo de procesos y acciones producto de un trabajo continuo y mancomunado de varias fuerzas tanto sociales como académicas.

Para el logro de estos objetivos, desde 2014 se ha venido fortaleciendo la Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las Mujeres, espacio conformado por organizaciones sociales, universidades y activistas de la ciudad de Medellín.

La unión de esfuerzos entre la sociedad civil y la academia, contribuye a la construcción de espacios de debate académico, social y político que favorece la materialización de los derechos humanos de las mujeres y la generación de conocimiento, que explique este fenómeno social y promueva alternativas, a partir del desarrollo de investigaciones, procesos de incidencia política y litigio estratégico, para el fortalecimiento del acceso a la justicia y las medidas administrativas relativas a su atención. Por todo ello, este proyecto busca fortalecer la Alianza como un espacio en el que además de la producción de conocimiento, se pone en marcha el diálogo de múltiples miradas, generando el fortalecimiento de la capacidad instalada de las Instituciones participantes, al consolidar el trabajo en equipo de docentes, estudiantes y activistas, en un corpus de conocimiento interdisciplinario que desde un énfasis jurídico inicial, aborda también la violencia contra las mujeres como problema social y de salud pública, con proyección e impacto local y nacional, gracias entre otras cosas, a la participación de organizaciones como la Corporación Humanas de la ciudad de Bogotá, así como a la de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, punto focal de la Red Nacional de Mujeres, plataforma social con presencia en más de 16 ciudades de Colombia.

A nivel académico permitirá construir nuevas perspectiva de análisis para la enseñanza de los derechos humanos, del derecho penal y el derecho de familia. Aportará aprendizajes en la incorporación de metodologías innovadoras de la práctica del derecho y se avanzará en comprensión del fenómeno a través del conocimiento multidisciplinar de las personas que hacen parte de la Alianza (derecho, sicología, medicina, salud pública, etc). Todo ello redundará en la consolidación de nuevas formas de ver el derecho a través de teorías críticas como es el feminismo.

Finalmente, este proyecto tendrá un impacto social de ciudad y de país, al incidir en la forma en que las mujeres víctimas de este tipo de violencias acceden a la justicia y la manera en que se comprende el fenómeno en la sociedad.