Crisis humanitaria de emergencia

Referente teórico y conceptual

La Alianza plantea la declaración política y posterior reconocimiento jurídico de un estado de cosas inconstitucional, por la inadecuada atención de las violencias contra las mujeres. Inicialmente el término ha sido utilizado en contexto del conflicto armado, lo que no excluye que pueda darse en otros ámbitos dónde se presentan los elementos que lo configuran. En este sentido cuando se habla de crisis humanitaria de emergencia, se hace referencia a:

Aquellos fenómenos en los que convergen distintas formas de sufrimiento humano vinculadas a factores económicos, sociales, demográficos, medioambientales, militares o políticos. Tales crisis suelen darse en contextos de pobreza, fragilidad del estado y escases alimentaria, en los que un desastre natural o un conflicto armado genera la aparición de una crisis alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados de población dentro del país o hacia el exterior, y una movilización importante de recursos internacionales en términos de ayuda (Escuela de Cultura de Paz, 2003, pág.43).

Si bien es cierto, la génesis del término se circunscribe a contextos ligados con desastres naturales o conflicto armado, los elementos que caracterizan la crisis ponen en evidencia la intersección entre afectación generalizada de derechos humanos en poblaciones históricamente discriminadas y la intervención estatal que adolece de gobernabilidad.

La interpretación analógica y extensiva de este concepto, permite comprender que el mecanismo de protección de derechos fundamentales adoptado por la Corte Constitucional Colombiana denominado “estado de cosas inconstitucionales”, puede ser una manera de dar respuesta a situaciones de crisis humanitaria de emergencia, como la que quiere relevarse en el ámbito de vulneración de derechos a las mujeres víctimas de violencias.

Para comprender este posible uso del “estado de cosas inconstitucional”, vale indicar que en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte estableció los factores que se debía tener en cuenta para determinar dicha situación, y ellos son:

  1. Vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas;
  2. Prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos;
  3. Adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado;
  4. No expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos;
  5. Existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y
  6. Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.

Rodríguez Garavito (2009) propone que estos elementos se pueden resumir en tres factores:

  1. Las condiciones del proceso: fallas estructurales de las políticas públicas en el país.
  2. Condiciones de resultado: violación masiva y sistematizada de los derechos fundamentales de un número indeterminado de personas.
  3. La necesidad imperiosa del trabajo en conjunto de diversas autoridades públicas para la modificación.

Es así, como a partir de la combinación de ambas figuras, desde la estrategia impulsada en el marco de este proyecto, la Alianza busca de manera inicial la declaratoria política de una crisis humanitaria de emergencia por la inadecuada atención de la violencia de pareja y/o expareja en contra de las mujeres en la ciudad de Medellín, para a partir de ello avanzar con acciones jurídicas que posibiliten el reconocimiento de esta crisis en sede judicial, así como la declaratoria de un “estado de cosas inconstitucional” ocasionado por la misma.